El Consentimiento Informado del Paciente

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El Consentimiento Informado del Paciente

Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y comprensible, por parte del médico u otro profesional tratante, acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional”. (Artículo 10 Ley 41/2002, de 14 de noviembre)

El consentimiento informado se define como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. En España no es hasta los años 90 cuando comienza a expandirse en la práctica de la medicina de forma notable, pero casi 100 años antes ya empezaron a asentarse las bases de lo que hoy se conoce como el Consentimiento Informado del Paciente cuando en 1.900 con la Comisión Reed para la erradicación de la fiebre amarilla en Cuba, se incentivó con dinero a algunos soldados a someterse a picaduras de mosquitos contaminados o inyecciones de sangre contaminada subcutánea. En el documento que firmaban los soldados a modo de contrato, se explicaba de modo claro el riesgo a contraer la enfermedad y la posibilidad de perder la vida si se contagiaban de la fiebre amarilla.

Es en Mayo de 2003, con la entrada en vigor de la Ley 41/2002, cuando la exigibilidad del Consentimiento Informado en la práctica médica es una obligación legal que ya no admite excusa, dejando de ser a partir de ese momento un elemento valorativo, conveniente, útil y analizado en el conjunto de la relación asistencial, y convirtiéndose por obra de ley en un punto de partida de imprescindible realización en los casos que la ley determina.

Características del Consentimiento Informado

Es cierto que la Ley no contempla un modelo de Consentimiento Informado con carácter concreto y específico pero como norma general debe reunir al menos cuatro requisitos entorno al contenido de la información y el modo de suministrarla al paciente o en su caso a familiares, para que con todos los elementos a su disposición, el paciente de su conformidad o no a una determinada actividad médica, estas son:

  • Capacidad: el individuo debe tener la habilidad de tomar decisiones.
  • Voluntariedad: Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad o no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, consultar o decidir.
  • Información: Las opciones deben ser comprensibles y deben incluir el objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y que siempre existe la opción del paciente de rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros tratamientos.
  • Comprensión: Es la capacidad del paciente de comprender la información relevante.

 

El consentimiento informado se define como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.

 

La falta de consentimiento informado que el médico está obligado a proporcionar a su paciente, constituye una infracción de la “lex artis ad hoc” y errores en cuanto al contenido o a las formas puede anular su validez como recoge, por ejemplo, la Sentencia de la Aud. Prov. de Baleares (S 13 febrero 2001 Secc 4ª) que dejó sin efecto el Consentimiento Informado prestado por la paciente, a las puertas del quirófano, basándose en que “la información debe darse con la antelación necesaria para que la voluntad se determine libremente” que en España se establece, como criterio general, en 48 horas antes del acto médico.

Son numerosas las sentencias existentes en los distintos órganos jurisdiccionales sobre la eficacia, ausencia y defectos en el Consentimiento Informado, a continuación analizamos de forma muy resumida dos de ellas:

STS de 30 de junio del 2.009 TS Sala Primera, en la que se condena al médico en un supuesto de una paciente con lesión medular sufrida por la demandante, una vez se había sometido a un tratamiento de inseminación artificial, con falta de Consentimiento Informado que se razona por la Sala del modo siguiente: “se observa por parte del demandado el incumplimiento de una de las obligaciones de medios como es la obtención del consentimiento informado, máxime cuando la ficha técnica de la HCG-Lepori establece especiales advertencias en el caso de aplicación de una mujer, indica graves reacciones adversas y destaca los riesgos en caso de sobredosificación”. Y sigue expresando la sentencia “el consentimiento informado prestado por escrito no se limita a la intervención quirúrgica, sino también a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores (como sin duda debe calificarse la inseminación artificial) y a todos los procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud de la paciente”.  No se detalla la indemnización pues se deja para un proceso posterior la determinación de su cuantía.

STS Audiencia Provincial de Valladolid, sec. Segunda de 31 de julio de 2012. Este es el caso de una paciente de 31 años que fue intervenida de dos miomas por laparoscopia por su Ginecólogo. Posteriormente se juzgó necesario por el médico una nueva intervención de otros dos miomas, esta vez por vía abdominal para no dañar el útero, y a la paciente se le entregó una mera hoja de instrucciones sobre lo que debía hacer, pero en ningún caso ningún modelo de Consentimiento Informado, ni ella firmó ningún documento al respecto. Observada la HC se concluye que la operación era innecesaria. Cuando la paciente ingresa tampoco se firma, ni se le entrega ningún documento de Consentimiento Informado. La sentencia además expresa: “Que una vez instalada en una habitación, bajó a quirófano, donde se encontraba el Anestesista que realizó la hoja pre-anestésica, no constando tampoco que éste le diera a la firma el documento de consentimiento informado, ni que le preguntara a la paciente qué tratamientos pudiera estar siguiendo. Que no ha aparecido ningún documento de consentimiento informado ni tampoco documentos que rellenó para el ingreso.”

Y con carácter fundamental la sentencia determina “El consentimiento informado es un documento que garantiza la información al paciente de la necesidad de la intervención, las alternativas que existen, la forma en que se va a llevar a efecto y de sus riesgos. Y este consentimiento informado es un deber deontológico incluido en los deberes asistenciales, es decir es un deber médico fundamental que corresponde no al paciente sino al facultativo, en este caso al acusado que iba a realizar la intervención. De la declaración del acusado (folio 672) se desprende una despreocupación en orden al documento de consentimiento informado, indicando que él no se ocupaba de ello y que cuando llega al hospital no comprobó si existía o no tal documento y no habla de ello ni con la paciente ni con familiares”

En un principio el Médico fue condenado por el juzgado de lo Penal a la pena de un año de prisión y tres años de inhabilitación profesional, penas que fueron reducidas por la Audiencia de Valladolid al estimar dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, condenándole finalmente a la pena de seis meses de prisión y a un año y seis meses de inhabilitación profesional ordenando indemnizar a los familiares de la fallecida en 142.679,61 Euros.

Fuentes:

  • La cuantificación del daño por la falta de Consentimiento Informado: La determinación y la reparación del daño. Esther Monterroso Casado.
  • Tratamiento legal y jurisprudencial del consentimiento informado. Ignacio Sancho Gargallo
  • Medicina y responsabilidad legal. Juan Calixto Galán Cáceres.

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